El salario mínimo en el Sector Público debe equiparse al salario mínimo de la gran empresa, es lo que históricamente ha ocurrido, por el esfuerzo de FENASEP, desde el momento en que se empezó a reconocer este derecho al trabajador público. Hemos escuchado que por fin se hará efectivo un ajuste al salario mínimo, que el Consejo de Gabinete celebrado en Boquete el lunes 12 de enero pasado, se aprobó un incremento de B/.50.00 (cincuenta balboas), cuyo pago se iniciará retroactivamente desde el 1° de abril del presente año, no obstante; no comprendemos los criterios para tal decisión, pues el Estado debe equipararse a la “gran empresa”, resulta incongruente exigir a la gran empresa ajustar el salario a B/ 417.00 (cuatrocientos diez y siete balboas), pero al trabajador de la Gran Empresa Pública, solo se le ajusta el salario a B/. 375.00 (trescientos setenta y cinco balboas), sin duda, se refleja un trato discriminatorio, pero además, el ajuste al salario mínimo lo determinan variables técnicas que permiten fijar al final cuanto se debe pagar; la inflación que sufre el precio de los productos alimentarios, el índice de precios al consumidor, el porcentaje de calorías requeridas por el cuerpo humano para nutrirse adecuadamente, la disminución del poder adquisitivo del salario, (ronda el 25%), entre otras, en consecuencia, el ajuste debe tomar en cuenta las mismas, para luego conceder lo que matemáticamente se necesite para tener acceso a los alimentos, de lo contrario, se comente una injusta discriminación, que afecta la calidad de vida del trabajador, desde luego, hasta la productividad está en riesgo. El ajuste anunciado es ilegal e inmoral, porque no podemos entender como se exige a la empresa grande ajustar al monto señalado, pero el Estado se equipara cuando mucho a la mediana empresa, esto es inadmisible e incluso puede promover el reclamo del sector privado, en el sentido de que no se predica con el ejemplo, aquí aflora el viejo y conocido aforismo que justificadamente puede esgrimir el sector privado, pues se alumbra la calle, pero en casa lóbrega niebla.
Por otro lado, hacemos un llamado a los trabajadores que tienen derecho al ajuste en el Sector Público, de no dejarse confundir, podríamos pensar por desconocimiento, que se trata de una justa decisión, pero comprendan que los criterios que sirven de fundamento para adoptar la misma, tienen arraigo en la Constitución Política que en el Capítulo III relativo al Trabajo establece “que todo trabajador al servicio del Estado de empresas públicas (prioritariamente agregamos nosotros), o privadas o de individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo mínimo...”, en consecuencia; no se trata de una dádiva, es una orden emanada de nuestra Carta Magna, pero además insistimos, es preciso tomar en cuenta las variables señaladas, a las que hay que añadir tarifas de los servicios públicos, incluyendo los nuevos impuestos (ITBM), por tanto, no es un asunto caprichoso, por el contrario, es una decisión técnica, científica, pero sobre todo sensata.
Este ajuste no se compadece con las demandas de los trabajadores, recordemos que CONATO propuso ajustar el salario mínimo a B/.650.00, no hubo acuerdo en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, pero el Ejecutivo en su afán mediático, antes de culminar la discusión hizo pública una propuesta que originalmente no incluía al Sector Público, de inmediato levantamos nuestra voz de protesta, lo que provoca la decisión que ahora cuestionamos, reiteramos es menester un ajuste salarial equiparado a la gran empresa del sector privado, o estaríamos sentando un precedente funesto, excluyente y discriminatorio, obviando el mandato constitucional al que nos hemos referido, desde luego, este incremento debe incluir a los trabajadores municipales pues ellos también son panameños, pero además, tomemos en cuenta que los ajustes al salario, irremediablemente se lo trasladarán a los consumidores, pues tampoco se quiso escuchar nuestras recomendaciones en el sentido de bajar los precios especulativos, congelar los mismos y el de los servicios públicos por un tiempo razonable, desarrollar políticas de fiscalización, sanciones ejemplares para los especuladores, es decir, los refrenos necesarios para que la medida fuera efectiva, todo esto explica porque B/50.00 (cincuenta balboas),sienta un grave precedente, pues el asunto no es antojadizo ni caprichoso, por el contrario, mas bien cumplir con la constitución, la ley, la justicia y la sensatez.

ALFREDO BERROCAL AROSEMENA.
Secretario General de FENASEP

FENASEP INFORMA

La primera Ley que aprobó el gobierno del Presidente Martinelli excluyó de un plumazo a 30,000 personas de la carrera administrativa de manera retroactiva y suspendió la ejecución del sistema hasta 2012. Luego, para castigar a FENASEP por salir a defender a nuestros compañeros, se nos suspendió arbitrariamente el pago del subsidio del 5% educativo. Se han despedido a miles de servidores públicos violando toda norma vigente con base en las listas emanadas del Ministerio de la Presidencia. Se intenta perseguir o intimidar a algunos dirigentes con fuero legal, etc.

FENASEP y las asociaciones, fiel a su tradición de lucha, han ayudado a más de dos mil funcionarios a presentar recursos contra destituciones; ha demandado la inconstitucionalidad de la derogatoria de la carrera administrativa; demandado la nulidad del nombramiento ilegal de la directora de carrera administrativa; estamos preparando otra demanda contra la eliminación de la carrera legislativa; realizamos varias marchas públicas en reclamo de nuestros derechos; exigiendo las 6 partidas del XIIIer mes; aumento general de salarios; respeto a la libertad sindical, etc. Hemos presentado demandas internacionales ante OIT, y no cesamos en la denuncia pública de las arbitrariedades.

En esta lucha desigual, hoy como ayer recibimos el apoyo de los compañeros del movimiento sindical nacional e internacional, de la sociedad civil panameña; de algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, etc., porque la lucha es justa. Sabemos que el temor promovido por las autoridades limita un poco el accionar, pero si luchamos antes por nuestros derechos, y obtuvimos cambios en la conducta de las autoridades, debemos insistir ahora, en la convicción que ni la represión, ni la mentira, ni la promoción del terror lograron antes doblegarnos, ni lo harán ahora, porque frente a la intolerancia y la represión hay que responder como Victoriano Lorenzo: “LA PELEA ES PELEANDO!”


EL MUNDO DEL TRABAJO

ESTADISTICAS TERRORIFICAS. De acuerdo a datos estadísticos recabados por FENASEP, hasta el 31 de marzo de 2010 se habían destituido cerca de 20,000 personas en 36 instituciones estatales que no incluyen los municipios (sólo el de Panamá) ni la Asamblea Nacional (donde se cuenta un aproximado de 200 destituciones), en todo el país. De ellos, el 52% son mujeres; 82% con 5 o menos años de laborar en el gobierno.

ESTADISTICAS TERRORIFICAS II. Del los destituidos, el 54% tiene menos de 45 años; el 54% ganaba salario mínimo legal y el 77% ganaba menos de B/750.00. También, el 91% de las destituciones tienen como causal ser de “libre nombramiento y remoción”. El 80% había sido acreditado antes a la carrera administrativa y “desacreditados” por Ley 43 del 2009.

ESTADISTICAS TERRORIFICAS III. Por último, las destituciones se han producido en un 56% en la provincia de Panamá; 14% en Veraguas y 30% en el resto del país. Las instituciones que se llevan el premio en despidos de acuerdo a las personas que FENASEP y las Asociaciones han debido defender, corresponden al sector Agropecuario con el 28% (IDIAP, MIDA, ANAM; ARAP, ETC.); al gobierno central corresponden el 49% de las destituciones y al municipio de Panamá el 2%.

LOS TRABAJADORES RESPONDEN. El pasado 26 de marzo se reunió el Consejo de Delegados de CONATO, con representación de mas de 200 sindicatos, incluidas 28 asociaciones de FENASEP, que acordaron salirle al paso a los atropellos del gobierno contra la población y los sindicatos. Su rechazo al 7% de ITBMS, contra la intromisión del gobierno en los sindicatos; contra los despidos arbitrarios del sector público y por la rebaja de la canasta básica, coincidieron con las consignas de SUNTRACS CONUSI que una semana antes marcharon también por lo mismo.